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25 de Mayo 1008

Cr. Luis Alberto Dalcol, 09/2020

Para los pequeños y medianos comerciantes de nuestra ciudad la tasa municipal – por Inspección, Higiene, Profilaxis y Seguridad – está en continuo aumento de su alícuota. En el porcentaje aplicable sobre las ventas, ya afectadas por la desvalorización monetaria.

Esto sucede en los negocios  que superan ingresos de $ 1.700.000 mensuales. A partir de allí, se activa la sobre-tasa del 30% en la tasa base y en los Fondos para la Promoción Industrial y para la Promoción de la Comunidad. Se eleva al 50 y 75 %  si se excede  $ 2.300.000 ó $  4.300.000 en igual período, respectivamente.

El desvarío acontece porque las escalas  mencionadas de la sobre tasa no se  modifican desde hace más de 9 años. La inflación – durante ese lapso de tiempo – no se ha detenido; e incorpora, mensualmente, a nuevos comercios a ser percutidos. Se modifica en forma ilusoria la base imponible y en forma real la tasa pagada en relación a las unidades físicas vendidas.

EFECTOS DIRECTOS Y COLATERALES

Esta situación produce consecuencias en la economía. En la macroeconomía (en el bosque) y en la microeconomía (en el árbol).

En el primer caso, al ser la tasa una contribución indirecta, su aumento se incorpora a costos y se traslada a  precios. El congelamiento de las gradas colabora con el flagelo de la inflación al incrementar el precio de los bienes. Asimismo nuestra ciudad pierde competitividad de localización respecto a otras jurisdicciones.

Desde lo micro provoca – al menos – dos consecuencias  indeseadas. En la unidad de producción, desincentiva el objetivo de expansión al aumentar la carga fiscal por el  incremento nominal de  las ventas.  En la unidad de consumo, principalmente en hogares humildes (cuya propensión marginal  al gasto es elevada por su destino exclusivo, o casi exclusivo, a cubrir necesidades vitales de nutrición y vestimenta), hace que la virtud progresiva se transforme – en ésta última etapa de la cadena – en un tributo de índole regresivo.

GESTIONES GREMIALES

Históricamente, el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú,  ha  mantenido reuniones sobre el tema y ha llegado a acuerdos con las administraciones municipales. Desde el inicio de la gestión actual, en reiteradas oportunidades, se ha solicitado una adecuación a la realidad expuesta. Han sido receptadas y comprendidas  por las Secretaría de Hacienda y de Gobierno. Hasta el momento no se ha materializado ni se ha explicitado el sostén técnico de la negativa a su acomodamiento. Los hechos permiten agregar otras referencias. Son tiempos de consensos, de acuerdos que se construyen con prudencia,   mesura y   paciencia.

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