Cr. Luis Alberto Dalcol
Se identifica a la obra pública en la construcción realizada por el Estado que normalmente requiere nuestra sociedad. Una escuela, un hospital, una ruta. La tarea del Estado es detectar la obra necesaria y gestionar su ejecución. La administración que inició en diciembre de 2023 y recién – a casi dos años – en octubre de 2025 abrirá sobres para concesionar 9.000 Km. de rutas nacionales.
El actual gobierno la calificó como el principal centro de corrupción y en cierto modo se desentendió del asunto. Es verdad que por largos períodos de distintas administraciones las obras de infraestructuras llevadas a cabo por el Estado han sido el mayor foco de saqueo a las arcas públicas, por los funcionarios responsables del gobierno y por las empresas que participaban de la construcción con acuerdos previos entre ellas en las licitaciones. No es aceptable que, en la actualidad, por incapacidad de corregir – con el control debido – se descuide la obra pública. En estos años no se ha invertido para solventar, al menos, el desgaste de la obra existente.
La obra pública demanda inversiones de importancia. Es aconsejable financiarlas con créditos cuyos plazos se arrimen a su vida útil para que sus costos las paguen las generaciones beneficiadas. Las obras conllevan dos costos, uno el de la construcción y otro el del mantenimiento. En alguna de ellas resulta adecuado, hacer los pliegos, licitar y contratar por el sistema privado de la inversión con ambos costos; y con pago por derecho de concesión por el período que alce los mismos y la utilidad normal de la inversión. Al unir la construcción y el mantenimiento, se presume que la empresa hace la obra con su mayor eficiencia para que el mantenimiento posterior requiera de un menor esfuerzo económico.
La inversión privada en la obra pública depende de la situación macroeconómica y de la seguridad jurídica. En el primer caso para determinar coste y plazos de recupero; no es lo mismo un marco de macro activo, en desarrollo, que uno recesivo. El segundo obstáculo se subsana, dolorosamente, relegando jurisdicción.
Es inconcebible que la obra pública haya estado parada. Resulta fundamental para atraer inversiones. Quien realiza aplicaciones de recursos en emprendimientos necesita vías transitables para sus insumos y para sus productos terminados. Asistencia sanitaria y educativa para sus operarios, para continuar solo con los ejemplos citados.
Si un obstáculo fuere el equilibrio fiscal debe advertirse que el déficit en las obras de infraestructura no es gasto corriente y es directamente paralizante de cualquier otra inversión privada. Es tan primario que espanta referenciar lo obvio (que aseguran es lo más difícil de explicar).
La demora en asumir la resolución de las obras de infraestructura ha relegado la salida de la recuperación económica por el escollo que se le pone a la inversión productiva y por la propia actividad que la misma genera.
La obra pública deviene de fundamental para el desarrollo de nuestro país y debe encararse su ejecución sin más dilación. Hasta aquí no existió imaginación ni arrojo.