Cr. Luis Alberto Dalcol,
Esta palabra identifica un negocio enorme. De una facturación próxima a US 20.000 millones. Una licitación internacional para el dragado y balizamiento del Rio Paraná de 1.500 Km. de extensión por donde circula más del 80 % de la producción que exporta nuestro país (con algún agregado no santo). Concede derechos de concesión por 30 años con opción a 30 años más.
Desde 1995 (Menem), la opera la empresa belga Jan de Nul (hoy Compañía Sudamericana de Dragados). Aunque se estatizó el servicio (Fernández), se le autorizó a operar en emergencia a la mencionada firma en los últimos tres años. Es la única compañía, (junto a EMEPA su anterior socio) que posee la información técnica del río, de una ruta muy compleja. Dichos datos fueron fuente de la licitación en curso. El ex socio, Gabriel Romero, reconoció en la causa “cuadernos” (Kirchner), que para la renovación pagaron US 600.000 en coimas.
La licitación no pasó por el Congreso. En ella participan seis empresas; argentinas asociadas, otra belga, una china, y además una holandesa. En primera instancia todas quedaron descalificadas, la que solo habría superado las condiciones es la Compañía Sudamericana de Dragados (la de Jan de Nul). Las empresas excluidas cuestionaron su eliminación ante la Procuración de Investigaciones Administrativas – requisito administrativo previo – para luego acceder al reclamo en la justicia.
A la licitación no se arriba solo por proponer el menor precio, sino que se exigen otras exigencias como la experiencia previa en trabajos similares. Asimismo se cuestiona que los peajes se paguen por la capacidad del barco y no por la carga. Cuando el río está bajo o con insuficiente trabajo de dragado o calado, los grandes barcos cargan menos toneladas y encarecen su flete. Otra objeción apuntada es que la empresa china ofertante está asociada al Estado.
La Administración General de Puertos habría establecido las condiciones, es decir, confeccionado el pliego al que debía ajustarse la oferta. Hace poco tiempo el gobierno disolvió la Administración General de Puertos y creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Lo descripto es lo publicado. Obviamente que aparece como un juego de intereses; que, al igual que un iceberg, solo deja ver una parte.
Sirve sí, para comprender el poder del Estado, que en definitiva decidirá la empresa ganadora de acuerdo a su información y a los grupos de presión a los que está sometido.
Posiblemente, al judicializarse, se extiendan los plazos previstos y se incorporen otros intereses al asunto.
La licitación aún está en proceso de resolución, esperemos que su desenlace sea el más beneficioso para los provechos del país; en ingresos, y principalmente, en optimizar las condiciones de navegabilidad de tan importante vía para nuestra producción, principalmente para el traslado de cereales.