LAS EMPRESAS EN EL BANQUILLO

Compartimos el artículo escrito por el Cr. Luis Alberto Dalcol sobre la iniciativa de penalizar a la persona jurídica.

La legislación vigente solo prevé la sanción penal para las personas humanas. Los delitos tributarios, de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de corrupción contra el Estado, inculpan a quienes ejercen la administración de las empresas. Generalmente a directores o empleados que están al frente y  manejan los recursos o ejecutan los negocios. Los accionistas, que son los titulares del capital, no reciben castigos directos de los ilícitos de carácter económico; por los cuales - eventualmente - pueden resultar beneficiados.

El régimen en estudio pretende establecer penas a la organización más allá de las personas humanas encargadas de sus actos de administración. Procura penalizar a las empresas y exponer a un castigo indirecto a los dueños. Así, avizora que los titulares se preocuparan de prever la no ocurrencia del  ilícito por parte de las personas que  gestionan sus negocios. Para ello se planean sanciones que afectan, desde lo económico, a las empresas. Por otra parte son las únicas sanciones posibles para las personas jurídicas. Suspensión de personería, de actividades, del uso de intangibles o de beneficios estatales, entre otros; y la obvia  aplicación de multas sobre los volúmenes de las ventas.

PROPOSITO DE COLABORACION

Impacta que una normativa  sancione penalmente a las personas jurídicas, pues cualquier  ilícito lo efectiviza una persona humana.  La legislación se encamina a que la empresa se solidarice en la solución de las cuestiones  de soborno o corrupción. Al menos que no las facilite. La legislación en estudio propende a que la empresa colabore en la prevención, con la implementación de  medidas de control interno que eviten el delito. Hasta llegar a la asistencia y el  posterior apoyo de la empresa, cuando el mismo se haya cometido.

PENALIZACION DE LA PERSONA JURIDICA

No obstante lo expuesto, aparenta más razonable la penalización a la persona humana que a la persona jurídica. En éste último caso se  penaliza a un colectivo organizado; dentro del cual, pueden participar personas humanas ajenas a la cuestión y recibir, indirectamente, una sanción que no le corresponde.

La legislación deberá ayudar a que su aplicación no confunda objetos ni sujetos. El derecho comparado puede resultar útil, mas requerirá de adecuación por las características particulares de nuestra cultura social y de nuestra diligencia judicial. 

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