Por Cr. Luis Alberto Dalcol, 02/2021
En la monumental obra “El espíritu de las leyes”, el erudito se ocupa en términos positivos de analizar el Estado. Sus formas de gobierno, la división de poderes, y otros temas relacionados igualmente relevantes.
No obstante, su mayor preocupación se centra en los vicios y deformas. En el estudio de los límites y en los abusos, para evitar que derive – o despeñe – en problemas de descomposición.
En esa traza, entiende que en democracia la corrupción sucede cuando se pierde el sentido de igualdad; cuando se pretende adquirir la igualdad extrema de ser igual al que se eligió para gobernar o cuando se cae en el abuso de la igualdad del pueblo.
RECURSO Y CONSECUENCIAS NOTORIAS
Para transmitir la idea del exceso de la igualdad del pueblo recurre a expresiones de Carmides – tomado de El Banquete de Jenofonte – cuando es invitado a expresar la razón por la que está en agrado consigo mismo, y que manifiesta:
“Estoy contento por mi pobreza. Cuando era rico tenía que adular a mis calumniadores, sabiendo que era más probable recibir algún mal de ellos, que causárselo yo; la República me pedía continuamente nuevas cargas, no podía tampoco ausentarme. Desde que soy pobre he adquirido autoridad, nadie me amenaza, sino que soy yo quien amenaza a los demás, puedo irme o quedarme, según mi voluntad, los ricos me levantan y me ceden el paso; ahora soy el rey, antes era esclavo; antes pagaba un tributo a la República ahora es ella la que me alimenta. Ya no temo perder, solo espero adquirir”.
LA OTRA CORRUPCION
Aparte de esta ilustración de corrupción del pueblo se ocupa de la que surge del ejercicio del administrador público en la democracia. Lo que más desconcierta es la penalidad que propone. Desde la evolución actual de la civilidad resulta repulsiva. El autor abandona la mesura que se le reconoce y excedido expresa: “A toda persona convicta de robar administrando los intereses públicos, pena de muerte”. Para no dejar dudas agrega la forma de su consumación: “ahorcándola o cortándole la cabeza”.
EVOLUCIÓN
Desde nuestra perspectiva aparenta que no hemos avanzado mucho en corregir el hecho de la corrupción en la administración de los recursos públicos. Sí, en moderar el castigo al que la comete. Aunque normalmente, la penalidad propuesta no llega a concretarse por cuestiones procesales. Reformas, recursos de revisión que insumen tiempos, favorecen prescripciones y desvanecen sanciones.
La mayor penalidad debiera radicar en el rechazo o reprobación de la sociedad ante hechos incontrastables, como los surgidos de empresarios privados – que arrepentidos – confesaran su participación. Esta alternativa natural, según los politólogos, actualmente no se visualiza. Por otra parte, aprecian que al comprometido le afecta más la alteración de su patrimonio que la consideración personal.