Cr. Luis Alberto Dalcol,
La salada o la saladita – según su dimensión – son mercados informales. Es decir ilegales; donde se comercializan bienes que no cumplen con las obligaciones impositivas, previsionales, laborales, cambiarias, de marcas y demás regulaciones estatales. Ese costo omitido y no pagado, en partes, es trasladado en disminución de los precios y en consecuencia atrae fuertemente a la demanda. De allí su éxito.
El más reconocido se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense que por cuestiones de población posibilita esa mejor ubicación.
La salada existe porque hay una connivencia política. En reuniones para manifestarles a las autoridades de la ex AFIP con propósito de romper con la desleal competencia, expresaban su imposibilidad de acción por la existencia de intereses políticos y expresaban: “no podemos hacer nada”; presumiéndose así una liberalización de la modalidad cuestionada.
La empresas que han impuesto una marca se ven afectadas por la copia o falsificación de la etiqueta, el logo que induce a la compra; y, los comercios establecidos, que pagan tasas e impuestos y tienen empleados en regla no pueden competir con las oferta del mercado informal.
Todos los países tienen un mercado parecido limitado a indigentes o marginales. Nuestra salada superó los límites. Se publicita que operaban unos 24.000 talleres, 8.000 puestos de ventas y en cada jornada concurrían más de 200 ómnibus de todas partes del país y de países limítrofes – Uruguay, Paraguay – en tours de compras.
Los compradores comparan los precios de negocios expuestos al control del Estado y valoran que la diferencia de precios es muy importante y acuden a proveerse a la salada. No solo los consumidores finales sino los comercios menores que también se abastecen de dicha oferta. Posiblemente todos hayamos comprado, sin saberlo, productos de las saladas.
Como son operaciones en negro, los recursos generados no se pueden justificar. Para su aplicación se necesita previamente blanquearlos, lavarlos. El control de la U.I.F. detectó el ilícito, clausuró el complejo, detuvo y procesó a su CEO Jorge Omar Castillo y colaboradores.
Obviamente que a la venta de indumentaria se le anexan actividades de servicios de todo tipo. Desde el pago de estacionamiento hasta locaciones y ventas inmobiliarias.
Cuando fuera cerrado quedaron muchas personas desocupadas y se creó un problema social. El asunto está en la justicia y ya ha dispuesto la reapertura parcial del mercado con la obligación de recaudación a través de bancos, con personal ocupado registrado y con alquileres en blanco. Promete que se ejercerá un control sobre los negocios para que se pueda operar y normalizar la actividad dentro de la legislación vigente, sin generar competencia desleal que perjudica al comercio establecido.
El mercado aún no está ordenado, su futuro es incierto y la realidad nos dirá sobre su factibilidad operativa formal.