Cr. Luis Alberto Dalcol,
Cuando se tiene interés en algo se utilizan diversas formas para conseguir el objetivo. El lobby es una de ellas, la palabra viene del inglés hall o lugar de entrada de un edificio, donde se puede conversar. En la práctica, cuando está regulada, sirve para influir en forma legítima.
En nuestro país, culturalmente, no es una acción reputada, totalmente aceptada. En otras sociedades es bien recibida y hasta es compensada, remunerada. Se considera que, además de mostrar el interés abiertamente, se conoce y aclara más el tema. Aporta para que el miramiento o la atención del asunto se enriquezca.
No es un tema nuevo, la ola de liberalismo actual le ha reabierto las puertas, ha mutado conceptos y ha aceptado nuevas costumbres. Así, el lobby ya no es tan mala palabra, una acción indecorosa. Ahora se procura institucionalizarla, regularla para su visualización.
En dicho sentido, se ha elaborado un proyecto de ley, que reglamenta la acción de lobby, para darle transparencia y publicidad. Suena muy republicano.
SU REGISTRO PÚBLICO
Así las cosas se propone crear un registro en el que consten las reuniones o los encuentros entre los funcionarios públicos – pertenecientes al Estado Nacional – en prioridad al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, con los actores privados, particulares que representan a los sectores y a sus intereses.
Está en discusión si ese interés debe corresponder a cuestiones particulares o deba serlo sobre las causas públicas. En principio, el proyecto no los distingue, por lo que aceptaría de todo interés.
Siempre con propósito de otorgar transparencia y publicidad, como fuere referenciado, a la gestión de los intereses. Y el interés se identifica desde el provecho, desde la utilidad o la ganancia; hasta la importancia, la conveniencia, de la atención; sea ésta moral o material.
Esta práctica no ha tenido réplica en las otras manifestaciones del Estado, como en las provincias o en las municipalidades. Hoy solo se menciona la jurisdicción nacional.
No todos aceptan las participaciones de lobby, vigiladas. Por razones de amplitud, de exponerse a sanciones. Incluso por cuestiones de riesgos de representación o en la incidencia pública. Creen que criminaliza el derecho constitucional de petición. La HRW, organización de derechos humanos, advierte que el proyecto impone cargas irrazonables y que restringe la libertad de asociación y expresión a las organizaciones independientes.
Siempre se resume en requerir e identificar al beneficiario final, que en realidad es el motor invisible que acciona el método para que su proyecto, objetivo, interés, deseo o necesidad prospere.
Posiblemente sea lo más humano que existe, y a lo que más cuidado deba prestarse para contener abusos y buscar el beneficio de conjunto.