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Cr. Luis Alberto Dalcol, en página www.cdci-gchu.com.ar 04/2022

A la economía liberal la distingue la administración del riesgo. Cuando una empresa se incorpora al mercado se somete a un contexto de incertidumbre. Si está en posición de oferente puede no vender o si realiza la venta toma el riesgo de la cobranza, de la probabilidad de no recuperar la inversión realizada y  la rentabilidad esperada. Estos simples ejemplos de contingencias se limitan a la acción entre el vendedor y el comprador. Es el riesgo normal que toma toda empresa.

Operar en nuestro país incorpora  un riesgo adicional, fuera de la relación directa entre el oferente y el demandante que se lo identifica con el nombre de riesgo país. Es el que se origina en la jurisdicción en  la que existe la posibilidad que por causa no imputable a la voluntad de las partes, se encuentre impedido de cumplir o cancelar su deuda a la fecha de vencimiento pactada.

Existen evaluadoras privadas de riesgo, como Standard & Poors, que miden permanentemente – y publican – la situación de la economía soberana, que obviamente también afectan a toda la economía. Alertan hasta la posibilidad del default. Las mediciones se basan en estimaciones  sobre series históricas tomadas de distintas variables del mercado y tienen fuerte incidencia en las transacciones pues se toman como ciertas. Monto de reservas, flujos presentes y futuros, volatilidad, cepos, brechas, confianza en las instituciones, son ejemplos de los componentes de los elementos que consideran los modelos de evaluación que –  se reitera – gozan de elevada credibilidad.

El riesgo país no controlado eleva las tasas de interés y  deja fuera de mercado en la asistencia financiera. Posiblemente el mayor perjuicio  se manifieste en que aleja la inversión porque se impide proyectar una matriz de recupero y renta confiable de negocios que en otros lugares serían muy ponderados, como en la explotación del gas, para dar un ejemplo concreto.

Los acuerdos arribados con la deuda no han  sido exitosos. Si lo hubieran sido se habrían  reflejado en la disminución de los índices de riesgo país, y ello no sucedió.

Nuestro país debe ordenar la macroeconomía para que aliente la inversión. Sin inversión no existe trabajo genuino ni posibilidades de desarrollo económico privado. La actual administración no ha presentado un plan consistente que procure este objetivo. Sus medidas, aisladas, intentan atemperar los efectos de la debilidad de la economía, mas no se orientan a modificar las causas que reviertan la situación que las origina.

Los pasos a seguir deberían  tomar real conocimiento del problema existente, acordar sobre un plan que lo resuelva con la participación de economistas de todo el arco político y comprometerse a respaldarlo y ejecutarlo. La política debe liderar el derrotero con inicio en el aporte del sacrificio  propio, del sector público, para continuar con la que requirirá de todos los argentinos.

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